Acceso usuarios
Sergio Alberto Martin Esquivel
Las crisis económicas en el mundo han impulsado que los procesos de contratación pública y privada se vuelvan más relevantes en una organización, buscando optimizar los recursos y hacer procedimientos de compra de bienes, contratación de servicios y construcción de infraestructura con mayor eficacia y eficiencia, adoptando tecnologías y modelos estratégicos que amplíen sus capacidades. Hacer más con menos es el objetivo de cualquier organización, es decir, diversificar el modelo actual con estrategias de contratación y mejor gestión de los recursos.
Lo que ha impulsado mecanismos de cambio es sin duda la corrupción pública y privada; los delitos derivados de la misma han provocado que las organizaciones sean más cautelosas en los actos comerciales con terceros, que organizaciones internacionales se pronuncien emitiendo acuerdos, normas y estándares, que los sistemas financieros cierren filas para prevenir el blanqueo de capitales y que los sistemas penales tipifiquen los delitos relativos.
Las administraciones públicas son el mecanismo que tienen como función principal servir con objetividad y por mandato a los intereses generales; es por ello que buscan hacer más eficiente el ejercicio del gasto público, atender las necesidades sociales con menos recursos y también generar condiciones de competitividad y productividad. La globalización mundial ha impulsado el crecimiento y el comercio se ha venido transformando, de ahí que los tratados internacionales entre países han generado condiciones de regulación y tecnología en los capítulos de compras de gobierno.
En México hemos visto a la contratación pública como un mecanismo de transacción comercial del gobierno; también se ha estudiado la parte procesal de los contratos administrativos e inclusive procedimientos de resolución de conflictos; sin embargo, la idea es analizar si la contratación pública es un derecho fundamental desde el enfoque de la buena administración y también entenderla como mecanismo para mitigar las malas prácticas.
The economic crises in the world have driven the processes of public and private procurement to become more relevant in an organization, seeking to optimize resources and make procurement procedures for goods, contracting services and construction of infrastructure more effectively and efficiently, adopting technologies and strategic models that expand their capabilities. Doing more with less is the goal of any organization, this means, diversifying the current model with hiring strategies and better management of resources.
What has driven mechanisms of change is undoubtedly public and private corruption;
the crimes derived from it have caused organizations to be more cautious in commercial acts with third parties, that international organizations to pronounce themselves by issuing agreements, norms and standards, that financial systems close ranks to prevent money laundering and that criminal systems typify relative crimes.
Public administrations are the mechanism whose main function is to serve objectively and by mandate the general interests; that is why they seek to make more efficient the exercise of the public spending, meet social needs with fewer resources and also generate conditions of competitiveness and productivity. Globalization has driven growth and trade has been transforming, hence international treaties between countries have generated regulatory and technological conditions in the chapters of government purchases.
In Mexico we have seen public contracting as a mechanism of the government's commercial transaction; the procedural part of administrative contracts and even conflict resolution procedures has also been studied; however, the idea is to analyze whether public procurement is a fundamental right from the perspective of good administration and also understand it as a mechanism to mitigate bad practices.
