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A la luz de la interpretación que viene haciendo el Tribunal Supremo sobre el alcance de la inconstitucionalidad de los artículos que regulan el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos (plusvalía), declarada por las Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero, 1 de marzo, referidas a los territorios de Guipúzcoa y Álava y de 11 de mayo, respecto al territorio común, todas ellas de 2017, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de aumentos de valor, se analiza el carácter confiscatorio del que pudiera adolecer este tributo en aquellos supuestos, sobre los que aún no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, en los que producida una ganancia nominal mínima queda absorbida por la deuda tributaria generada, lo que resulta contrario al artículo 31 de la Constitución, así como gravar plusvalías totalmente nominales que arrojan un resultado positivo al no tener en cuenta la inflación acaecida desde la adquisición del terreno hasta el momento de su enajenación, y ello al albur de la reciente cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado N.o 32 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, admitida a trámite por el Pleno del Tribunal, mediante Providencia dictada el 26 de marzo de 2019.
