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La jurisprudencia constitucional ha examinado desde la perspectiva competencial la nueva regulación del silencio administrativo en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A la luz de esa doctrina, este trabajo estudia las novedades consistentes en la restricción de la regla general del silencio positivo y la adición de un nuevo supuesto de silencio negativo, así como la cláusula de prohibición de la adquisición por silencio de facultades o derechos en contra de la legalidad.
