Resumen de Incidencia de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad en el derecho español

María Teresa Manga Alonso

• español

  La ratificación por España de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad ha supuesto abandonar el modelo médico o rehabilitador y acoger un modelo social de protección, en el que impere el principio de no discriminación de las personas cuya capacidad haya de ser modificada.

  Jueces y magistrados, a través de la jurisdicción contenciosa, son los únicos legitimados para llevar a cabo tales modificaciones, erigiéndose la curatela como el medio más idóneo para ello por ser una institución flexible pensada especialmente para los casos de incapacidades parciales.

  Empero haber sido declarada constitucional por el Alto Tribunal la actual normativa existente, el respeto al espíritu de la norma internacional hace necesario que en el futuro el legislador español atienda las acreditadas voces doctrinales que reclaman reformas que logren una mayor agilización en los procedimientos, nuevas terminologías, y una mayor especialización de todos los profesionales intervinientes en los procedimientos de capacidad, entre otras.

• English

  The ratification by Spain of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities has meant abandoning the medical or rehabilitation model and accepting a social protection model, in which the principle of non-discrimination of persons whose capacity has to be modified prevails.

  Judges and magistrates, through the contentious jurisdiction, are the only ones legitimized to carry out such modifications, curating being established as the most suitable means for this because it is a flexible institution designed especially for cases of partial disabilities.

  However, having been declared constitutional by the High Court the current existing regulations, respect for the spirit of the international standard makes it necessary that in the future the Spanish legislator attend the accredited doctrinal voices that demand reforms that achieve greater stream-lining procedures, new terminologies, and a greater specialization of all the professionals involved in the capacity procedures, among others.