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El presente trabajo comenta brevemente la relevante y reciente resolución del TS sobre la responsabilidad de la Administración Penitenciaria de abonar los gastos médicos de todos los internos, sin distinguir por su condición de asegurados. Su análisis comparativo con el voto particular que la acompaña muestra hasta qué punto el concepto de relación de sujeción especial puede condicionar la solución jurídica que finalmente se adopta. De nuevo, ese tan denostado concepto, sirve para construir un espacio jurídico para los internos, específico y separado del que les corresponde como ciudadanos.
