El autor analiza la reciente sentencia dictada por la Sala III del Tribunal Supremo, donde se dilucida si la Orden estatal recurrida (Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente AAA/642/2013, de 18 de abril, que regulaba la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo) podía contar con la consideración de «reglamento ejecutivo».