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Josefa Fernández Nieto
La reciente sentencia del Tribunal Supremo 695/2017, se ha pronunciado sobre la verdadera función jurisdiccional del Letrado de la Administración de Justicia y su relevancia en la protección de los derechos del justiciable dentro del proceso penal, anulando un Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. El presente trabajo pretende abrir una reflexión, en torno a la posible tensión entre lo jurisdiccional y lo administrativo, entre la justicia como poder y la justicia como servicio público, o entre la mal entendida potestad jurisdiccional y por contra, la efectividad de la función jurisdiccional. Creemos que, a raíz de las SSTC 58/2016 y 72/2018, es hoy, más necesaria que nunca y, tanto es así,que sería deseable que se asentase, vía reforma legislativa, la independencia del Letrado en la ordenación del procedimiento, sin cuestionarse al Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. de Justicia como director procesal, y la naturaleza jurídica de sus funciones procesales como garante de derechos,en cuanto que hasta ahora, únicamente se venía definiendo negativamente esta figura como personal no jurisdicente. Con las reformas procesales de 2009, dos caminos paralelos se confunden, el de la reforma procesal y el de la oficina judicial. Son muy distintos, aunque a veces difíciles de visualizar. En dicha sentencia que se comenta, se abre un nuevo panorama en el que el Letrado de la Admón. de Justicia asume un papel relevante ante las exigencias de la armonización procesal europea, que asegurarán un marco mínimo procesal para todos los Estados de la UE, y las recientes directivas procesales, nos aportan nuevos contenidos para exigirnos avanzar en lo procesal-comunitario, como instrumento para la satisfacción de los derechos fundamentales del ciudadano. El propósito de este trabajo, es abordar una posible reforma normativa que garantice el papel del Letrado de la Administración de Justicia desde la protección de los derechos fundamentales, ante el nuevo modelo contradictorio que se define en el proceso penal europeo. Es sin duda alguna, un reto el que propone el Derecho europeo con la adaptación a las directivas recientes las que en el ámbito penal, exigen si cabe aún más, un compromiso de todos los profesionales de la justicia entre ellos el del Letrado de la Admón. de justicia, en aras de fortalecer la cooperación transfronteriza judicial europea. Todo un reto
The recent ruling of the Supreme Court 695/2017, has ruled on the true jurisdictional role of the Lawyerof the Administration of Justice and its relevance in the protection of the rights of the defendant within the criminal process, nullifying an Agreement of the General Council of the Judicial Power . The present work intends to open a reflection, about the possible tension between the jurisdictional and the administrative, between justice as power and justice as a public service, or between the misunderstood jurisdictional authority and against, the effectiveness of the jurisdictional function . We believe that,as a result of SSTC 58/2016 and 72/2018, it is today more necessary than ever and, so much so, that it would be desirable to establish, through legislative reform, the independence of the Lawyer in ordering the procedure, without questioning the Superior Body of Lawyers of the Admon. of Justice as procedural director, and the juridical nature of its procedural functions as guarantor of rights, insofaras, until now, this figure has only been negatively defined as non-judicial personnel. With the procedural reforms of 2009, two parallel paths are confused, that of the procedural reform and that of the judicial office. They are very different, although sometimes difficult to visualize. In said statementthat is commented, a new panorama opens in which the Lawyer of the Admon. of Justice assumes a relevant role in the face of the requirements of European procedural harmonization, which will ensure a minimum procedural framework for all EU states, and recent procedural directives, provide us with new content to demand progress in the procedural-community, as an instrument for the satisfaction of the fundamental rights of the citizen. The purpose of this work is to address a possible regulatory reform that guarantees the role of the Lawyer of the Administration of Justice from the protection of fundamental rights, before the new contradictory model that is defined in the European criminal process. Without a doubt, it is a challenge that European Law proposes with the adaptation to recent directives which, in the criminal sphere, require its fulfillment even more, a commitment of all the professionals of justice, among them the Lawyer of the Law. of justice, in order to strengthen European judicial cross-border cooperation. A challenge
