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Antonio Muñoz Juncosa
El Real Decreto 424/2017 y la Ley 9/2017 exigen de los dos principales órganos rectores de las Administraciones locales, Pleno y Presidente, una actitud no pasiva en relación al control económico, sino que han de liderar el comportamiento no sólo legal, sino también ético de la organización que dirigen. Esto va en la dirección señalada por el informe COSO y los estándares internacionales en materia de compliance.
