Acceso usuarios
Luis Míguez Macho 
Las obligaciones de buen gobierno recogidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, son también aplicables a las entidades locales. Sin embargo, su efectividad práctica suscita graves dificultades porque en el ámbito de la Administración local ni siquiera hay una definición legal básica de alto cargo. Ello impone un esfuerzo interpretativo que no siempre ofrece resultados satisfactorios, lo que haría necesaria la modificación de la legislación básica del régimen local para introducir en ella un estatuto de los altos cargos de las entidades locales.
