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Juan Alcapio Vilche, Nolvia Collao Collao, Alexandra Díez Torres, Cristóbal Grisolía Jorquera, Jeann López Mohamed, Katherinne Meneses Herrera, Álvaro Quaas Rojas, César Quiroga Miranda, Nicolás Pérez Castro, Paula Vásquez Magalhaes
Hemos fijado como objetivos de este trabajo, en primer lugar responder a la interrogante sobre la naturaleza jurídica de la prueba, ¿una carga o un derecho? Ha prevalecido la postura que la prueba es un derecho fundamental en el proceso. Luego, hemos intentado identificar las manifestaciones del derecho a la prueba y su reconocimiento constitucional en el ordenamiento jurídico chileno y en el derecho internacional de los derechos humanos. Por otro lado, hemos puesto en contraste la posibilidad de la defensa de generar prueba con la facultad exclusiva del Ministerio Público chileno de dirigir la investigación penal. En síntesis conclusiva y reconociendo que al Ministerio Público le corresponde la dirección exclusiva de la investigación penal, según el diseño normativo, sostenemos que deben adoptarse las garantías para que las peticiones probatorias de la defensa sean eficaces, de acuerdo con los estándares internacionales que resguardan el derecho a la prueba. El análisis y las conclusiones son fruto de la lectura de las normas que regulan el proceso penal chileno, el análisis crítico de la jurisprudencia de los tribunales supranacionales y el análisis del sentido normativo de los pactos internacionales sobre derechos humanos
We have settled as the objectives of this paper, to answer to the query about the juristic nature of evi- dence. Is it a burden or a right? Our position stands that judicial evidence is a fundamental right of the process. We have tried to identify the showings of this right and its constitutional recognition in the Chilean legal system and in human´s rights international law. We have also contrasted the defense´s ability to generate evidence with the Chilean Public Ministry exclusive power to guide penal research. By synthesizing these two arguments, and by recognizing that the Public Ministry is exclusively in charge of conducting the penal research, according to the normative pattern, we stand that the guaran- tees should be adopted in order for defense evidence petitions to be effective, that according to inter- national standards guard the right to evidence. The analysis and conclusions of this paper are the fruit of our readings of the norms that regulate the Chilean penal process, critical analysis of supranational tribunals’ jurisprudence, and a normative analysis of international human rights’ pacts.
