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Gerardo García-Álvarez García 
La reforma de la contratación administrativa, plasmada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respondía a la inaplazable necesidad de incorporar al Derecho interno las directivas comunitarias de contratación pública de 2014, pero se ha producido en un clima de insatisfacción generalizada por la situación de la contratación pública. Por ello, la reforma ha desbordado las cuestiones técnicas, para incorporar muchas cuestiones políticas, principalmente durante la tramitación parlamentaria. Una de ellas, una regulación más garantista, desde un punto de vista procedimental, pero también sustantivo, de la contratación menor, una modalidad de contratación directa por razón de la cuantía, la única que subsiste en la legislación actual. La menor precisión inherente a la introducción de enmiendas durante la tramitación parlamentaria y un sentimiento bastante extendido en determinados medios administrativos de que la nueva regulación sólo se explicaría desde el desconocimiento del funcionamiento y necesidades de la Administración ha llevado a reinterpretaciones más o menos agresivas de los términos literales de la Ley, no desde medios profesionales, sino desde la propia Administración Pública.
The Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público has meant a reform of administrative legislation with a double component, technical and political. The widespread social criticism of the situation of public procurement, often related to corruption, has led the reform beyond the incorporation of community directives. This has materialized mainly through parliamentary work. Among other things, this has resulted in a more restrictive regulation of contracting without public bidding. Although the «minor contracts» (of small amount) subsist, their regime is now much more restrictive. However, the interpretations so far expressed by different administrative bodies have been in almost all cases in the sense of restricting the relevance of the reform.
