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La tramitación del expediente de contratación exige el cumplimiento de unos requisitos no sólo administrativos, sino también presupuestarios. Se trata de dos sendas imprescindibles para culminar el expediente con éxito.
El primer camino, el del expediente administrativo, nos conduce a la adjudicación y ejecución de un contrato a través de sus correspondientes trámites, resoluciones y recursos. El expediente de contratación se rige por la normativa en materia de contratos y, supletoriamente, por la Ley de Procedimiento Administrativo.
El camino paralelo es el de la gestión económica del gasto, cuya normativa está constituida en nuestra Comunidad Autónoma, casi de manera única, por Ley de la Hacienda, que exige dar cumplimiento a los trámites y actuaciones típicamente presupuestarias que han de integrarse en el expediente administrativo.
Partiendo de que en la práctica ambos tipos de trámites se refunden en un solo expediente de contratación, en este trabajo se analiza el proceso que comienza cuando el órgano de contratación decide iniciar el expediente y que finaliza con la liquidación de la deuda que se contrae con el adjudicatario.
En el recorrido, se pretende resaltar la importancia que tiene la gestión económica en la tramitación del expediente de contratación así como advertir algunos de los efectos que la nueva normativa en materia de contratación administrativa, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 puede tener sobre el procedimiento de gasto.
The processing of the contract file requires compliance with requirements not only administrative, but also budgetary, it is two essential paths to complete the file successfully.
The first path, which of the administrative file, it leads us to the award and execution of a contract through its corresponding procedures, resolutions and resources. The contracting file is governed by the regulations on contracts and, additionally, by the Law of Administrative Procedure.
The parallel path is the economic management of expenditure, whose regulations are constituted in our Autonomous Community, almost uniquely, by the Treasury Law, which requires compliance with the procedures and typical budgetary actions that must be integrated into the file administrative. Because of in practice both types of procedures are consolidated in a single procurement file, this paper analyzes the process that begins when the contracting authority decides to initiate the file and ends with the settlement of the debt contracted with the successful bidder.
In the tour, the author intends to highlight the importance of economic management in the processing of the contracting file as well as to warn of some of the effects that the new regulations on administrative contracting can have on the spending procedure
