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El Tribunal Constitucional, en su sentencia 28/2017, de 16 de febrero, ha declarado la inconstitucionalidad de la legislación urbanística autonómica que no garantiza la participación efectiva de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de ordenación urbana. La necesidad de un nuevo trámite de información pública en estos supuestos había sido igualmente afirmada previamente por nuestra jurisprudencia ordinaria.
