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Desde el año 2014, el sistema de financiación autonómica viene generando resultados positivos (en términos de devengo) en contraste con el periodo previo, caracterizado por una tendencia contractiva, a excepción del ejercicio 2010. Esta mejoría, ligada a la recuperación económica, ha tenido un efecto aún mayor en términos de impacto presupuestario, teniendo en cuenta que las entregas a cuenta que se realizaron entre 2014 y 2015 se situaron claramente por debajo de la dinámica real de la economía. Así, el agregado conformado por las entregas a cuenta de esos ejercicios junto con la liquidación definitiva percibida en 2016 y 2017 llegó a crecer un 9,5% y un 7%, respectivamente.
Esta evolución ha sido especialmente satisfactoria para Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y Madrid, comunidades entre las que se encuentran algunas de las que con mayor insistencia han venido reclamando un cambio de modelo. Aun cuando las disfunciones del actual sistema han sido claramente identificadas, este buen comportamiento –con inequívoco reflejo en el cumplimiento de los objetivos de déficit– ha amortiguado las señales de alarma por parte de las comunidades autónomas. Esta coyuntura ha sido aprovechada para aplazar la reforma del sistema, dada la complejidad para alcanzar un acuerdo, máxime cuando las posiciones frente a posibles reestructuraciones de deuda son también muy controvertidas, no solamente en el ámbito académico sino en el seno de las propias regiones.
