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Theodoros Fouskas, Paraskevi Gikopoulou, Elisavet Ioannidi, George Koulierakis
In global labour markets, migrant workers are mainly found in precarious, low-status/low-wage occupations in undeclared work and the underground/informal sector of the economy which demands a low paid, uninsured, mobile, temporary and flexible workforce. This article argues that migrant women are mostly employed as domestic workers in various countries that demand precarious, low-status/low-wage service workers and personal services. Feminist scholarship on migration underlines, that social constructions of gender and racial stereotypes drive men and women into specific roles and therefore dictate their experiences. Social constructions of gender cannot be considered separate from social constructions of class, gender, race, ethnicity, and sexuality; female migrants are disassociated from family relationships, community associations, solidarity networks, and become susceptible to discrimination based on race and ethnicity, class and gender in the reception countries. This article provides an intersectional review of research on domestic work, healthcare and community networks in Greece (1990-2018). Intersectionality produces assumptions set in women’s race and ethnicity, projecting unequal labour rights among sexes in Greece. Gender, race and ethnicity subject women to obedience, susceptibility and exploitation, confining them to domestic work, and low-paid jobs without social rights. Last but not least, this article suggests that ethnic background and unstable legal residence status works as a mechanism of control and suppression, which in turn force female migrants to accept low wages, refrain from demanding healthcare services and from seeking support from migrant community associations. Employers confiscate their documents, monitor them and threaten to report them to the authorities, thus institutionalising exploitation, leading to forceful application of discipline, consent, subordination, obedience and dependency of domestic workers
En los mercados laborales globales, los trabajadores migrantes se encuentran principalmente en ocupaciones precarias, de bajo rendimiento estadístico/de bajos salarios en el trabajo no declarado y en el sector clandestino/informal de la economía, que exige una mano de obra mal pagada, no asegurada, móvil, temporal y flexible. Este artículo argumenta que las mujeres migrantes están empleadas en su mayoría como trabajadoras domésticas en varios países que exigen trabajadores y servicios personales precarios, de bajo estatus/bajos salarios. La investigación feminista sobre migración subraya que las construcciones sociales de los estereotipos de género y raza llevan a hombres y mujeres a roles específicos y, por lo tanto, dictan sus experiencias. Las construcciones sociales de género no pueden considerarse separadas de las construcciones sociales de clase, género, raza, etnia y sexualidad; las mujeres migrantes no están asociadas con las relaciones familiares, las asociaciones comunitarias, las redes de solidaridad y se vuelven susceptibles a la discriminación basada en la raza y el origen étnico, la clase y el género en los países de recepción. Este artículo proporciona una revisión interseccional de la investigación sobre trabajo doméstico, salud y redes comunitarias en Grecia (1990-2018). La interseccionalidad produce supuestos establecidos en la raza y el origen étnico de las mujeres, proyectando derechos laborales desiguales entre los sexos en Grecia. El género, la raza y la etnicidad someten a las mujeres a la obediencia, la susceptibilidad y la explotación, limitándolas al trabajo doméstico y a los trabajos mal pagados sin derechos sociales. Por último, pero no menos importante, este artículo sugiere que los antecedentes étnicos y el estatus de residencia legal inestable funcionan como un mecanismo de control y supresión, que a su vez obliga a las mujeres migrantes a aceptar salarios bajos, se abstienen de exigir servicios de atención médica y de buscar apoyo de las asociaciones de comunidades de migrantes. Los empleadores confiscan sus documentos, los monitorean y amenazan con informarlos a las autoridades, institucionalizando así la explotación, lo que lleva a una aplicación contundente de disciplina, consentimiento, subordinación, obediencia y dependencia de los trabajadores domésticos.
