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Luis Gómez Rufián
Tomando como referencia los años 2013, último de la recesión, y 2016, la economía española invirtió drasticamente su tendencia cíclica, iniciando un intenso periodo de crecimiento tanto del PIB y como del empleo. Sin embargo, tanto por su ser socialmente palpable, copar buena parte del debate político y académico como, finalmente, ser corroborado por distintos indicadores (aumento de la pobreza laboral, resurgimiento de la temporalidad, etc.), parecen haberse evidenciado varias cuestiones considerablemente controvertidas: que las llamadas reformas estructurales, especialmente en lo referido a la «devaluación interna» (y, aunque aquí no se aborda, también en lo referido al gasto público y, por ende, la atención a las necesidades sociales), han generado un patrón de crecimiento que, ademas de repetir errores del pasado (como la reavivación del sector de la construcción y la basculación de nuevo del tejido productivo hacia sectores de bajo valor añadido, con el consecuente detenimiento de la productividad), no permite que los beneficios generados por el cambio de ciclo permeen hacia las capas sociales mas castigadas por la crisis. Así, este estudio pretende, a través de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida, constatar cuál ha sido la evolución de los indicadores vinculados a la exclusión social, la privación material y la carga económica de los hogares, comprobando cual es la situación socioeconómica de la población asalariada que se registra en los mismos, es decir, si el nuevo crecimiento puede o no catalogarse como de «inclusivo». Y es que este grupo poblacional es el principal receptor de los cambios en la normativa laboral, la cual posee, como es conocido, y fruto de su labor en la distribución del poder negociador capital-trabajo, una importancia medular de determinación de las rentas de la población trabajadora como parte del proceso general de la distribución de la renta primaría
