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El pasado 23 de abril de 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo dieron a conocer la Propuesta de Directiva que establece las medidas de protección de personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocidos como «informantes», «denunciantes» o whistleblowers. Esta nueva regulación pretende potenciar esta herramienta, considerada un medio idóneo al servicio de la transparencia y de la sociedad democrática.
Además, la Propuesta de Directiva impone la obligatoriedad de establecer canales de denuncia a las entidades públicas y privadas comprendidas en su ámbito de aplicación.
Este artículo explica los orígenes de la figura del whistleblower y su concepto, analiza los derechos y obligaciones que emanan de la Propuesta de Directiva, y recopila los escasos preceptos normativos existentes en el ordenamiento español y la aislada doctrina judicial que los ha tratado
This past 23 April, the European Parliament and the Council announced the proposal for a Directive on the protection of persons reporting breaches of Union law, known as «whistleblowers».
The new regulations seek to enhance this tool, which is considered an appropriate means in service of transparency and the democratic society. Furthermore, this proposal imposes to public and private organizations within its scope the duty of setting reporting channels. This article explains both the origin and concept of whistleblowing, analyses the rights and obligations emerging from the proposal and pul\s together the limited regulations and case law in Spain.
