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José Antonio Perea Unceta 
Las amenazas de algunos Estados africanos de denunciar el Estatuto de Roma de 1998 y por tanto retirarse de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional esconde, más allá de los intentos de determinados gobernantes de eludir sus responsabilidades individuales, serias discrepancias en la manera de entender la necesaria persecución de los más graves crímenes internacionales. En el fondo estos países, sobre todo subsaharianos, plantean una desconfianza general por los medios judiciales y, en su lugar, una preferencia por la conciliación como mecanismo para resolver las controversias en materia de violación de los derechos humanos por los Estados y también en relación con la exigencia de responsabilidades individuales. Esto les mueve a defender alternativas a la sanción individual y a la reparación de las víctimas basadas en la reconciliación nacional y la reparación colectiva, priorizando en caso de ser priorizando en caso de ser oportuna la solución judicial la actuación de los tribunales locales tradicionales y los de los sistemas regionales y subregionales de protección de los derechos humanos. Todo ello en el contexto de una concepción comunitaria de los derechos humanos, en la que el individuo tiene unos deberes superiores con el grupo al que pertenece y en el que la supervivencia y la estabilidad de la sociedad prevalece sobre los intereses particulares. La expresión más importante de esta tendencia a encontrar soluciones africanas en el continente es, sin duda alguna, el proyecto iniciado en 2014, y pendiente de culminar, de residir la jurisdicción penal internacional en el ámbito regional en la nueva Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos y de los Pueblos, en detrimento de la Corte Penal Internacional, y ampliando considerablemente el catálogo de crímenes internacionales
The theats by some African States to denounce the 1998 Rome Statute and thus withdraw from the jurisdiction of the International Criminal Court conceals, beyond the attempts of certain leaders to avoid their individual responsibilities, serious discrepancies in the way of understanding the persecution of the most serious international crimes. Really, these countries, especially from sub-saharan Africa, have a general distrust of the judiciary system and, instead, a preference for conciliation as a mechanism for resolving disputes over human rights violations by States and also in relation to with the requirement of individual responsabilities. This moves them to defend alternatives to individual punishment and reparation of victims based on national reconciliation and collective redress, prioritizing in the case of a judicial solution, the action of the traditional local courts and those of regional and subregional systems protection of human rights, in which the individual has higher duties with the group to wich he belongs and in which the individual has higher duties with the group to which he belongs and in which the survival and stability of society previls over private interests. The most important expression of this trend to find African solutions on the continents is undoubtedly the project begun in 2014, and still to be completed, of international criminal jurisdiction at the regional level in the new African Court of Justice and Rights Human Rights and Peoples, to the detriment of the International Criminal Court , and considerably expanding the catalog of international crimes.
