Acceso usuarios
Antoni Castel
Los indicadores son claros: Ruanda camina por la senda de la prosperidad. Pero las represalias exteriores y la represión interna continúan.
Veinticinco años después del genocidio que costó la vida a 850.000 personas, en su mayoría tutsis, Ruanda muestra una mejora notable en parámetros sociales, igualdad de género y gobernanza. Kigali, su capital, atrae inversores, se abren hoteles de lujo, y luce limpia, pulcra y ordenada, en contraste con otras capitales africanas. Su presidente, Paul Kagame, gana protagonismo al encargarse de las reformas de la Unión Africana (UA) y colocar a una de sus colaboradoras más cercanas, Louise Mushikiwabo, al frente de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). Pero el milagro económico, la buena gestión y la baja corrupción van a la par de un estricto control social, la persecución de la disidencia y la vigilancia de los medios de comunicación por parte del hegemónico Frente Patriótico Ruandés (FPR).
Los indicadores de los organismos internacionales son explícitos: Ruanda ha dado un salto cualitativo. El Banco Africano de Desarrollo establece, en un informe, que la pobreza ha disminuido del 56,7% en 2005-06 al 39,1% en 2013-14, así como la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, al pasar del 0,52 al 0,45. A principios del siglo XXI, según el ministerio ruandés de Salud, la esperanza de vida se situaba en los 49 años, alcanzando los 64,5 en 2018. La mortalidad infantil ha caído dos tercios, mientras la mortalidad maternal se ha reducido en un 80%. Aunque no alcanzó el porcentaje de otras regiones africanas, la prevalencia del sida en Ruanda llegó al 13%, reducido en la actualidad al 3%. Una mejora que ha sido posible gracias a las políticas públicas de salud y al aumento del personal sanitario. En 2000 había un médico para 66.000 personas. Ahora hay uno para 10.555.
En el Índice Mo Ibrahim de 2018, que mide la buena gobernanza africana, Ruanda se sitúa en octavo lugar, superado por tres Estados insulares –Mauricio, Seychelles y Cabo Verde– y Namibia, Botsuana, Ghana y Suráfrica. El país escala posiciones año tras año, como lo confirma el Índice de 2012, cuando se encontraba en el puesto 23. La mejora en la gestión ha ido acompañada de la baja corrupción. Transparencia Internacional sitúa en su informe de 2018 a Ruanda en el puesto 48 de los 180 países analizados, siete puestos por detrás de España (41) y por delante de Italia (53) y de la mayoría de países africanos. El primero es Seychelles, en el 28. Aunque ha repetido la posición de 2017, el progreso ruandés es evidente: en 2006 ocupaba el puesto 121.
En cuanto a la situación de las mujeres, el salto ha sido espectacular. En el Parlamento, el 61,3% de los escaños están ocupados por ellas, el porcentaje más alto del mundo, según ONU Mujeres. Aunque la Constitución de 2003 establece una cuota del 30% de mujeres en la administración, en general se supera dicho mínimo y además ocupan cargos de responsabilidad –también en el gobierno, paritario–. Como Mushikiwabo, nueve años ministra de Asuntos Exteriores; Inès Mpambara, directora de gabinete de Kagame; Marie-Chantal Rwakazina, alcaldesa de Kigali; Clare Akamanzi, directora de la Junta de Desarrollo de Ruanda; Diane Karusisi, directora general del Banco de Kigali; Soraya Hakuziyaremye, ministra de Comercio e Industria, e Yvonne Makolo, CEO de RwandAir…
