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Andrés Sánchez Picón
La reforma liberal de la minería española se mueve entre la promulgación de dos leyes esenciales: la de 1825 y la de 1868. La primera ha sido minusvalorada y supuso el desestanco y privatización de la explotación de los recursos del subsuelo y el inicio de la minería contemporánea. Aunque hay que reconocer en su gestación la presión de grupos organizados (lobbies), que también marcaron la evolución posterior.
Destaca un capítulo relevante, que se ha resaltado poco, la supresión de la jurisdicción especial minera. El decreto de Bases (posteriormente ascendido a rango de ley) también resulta controvertido en su interpretación. Tuvo unos efectos perversos al favorecer el acceso a la propiedad minera, lo que se tradujo en un aumento de los costes de transacción y un obstáculo para los procesos de integración vertical.
The liberal reform of Spanish mining is based on two essential laws, approved in 1825 and 1868. The first has been undervalued, but it meant the privatization of the exploitation of the resources of the subsoil and the beginning of contemporary mining. In its origin the intervention of organised interests groups (lobbies) is appreciated.
The text also highlights the issue of the suppression of the special mining jurisdiction. The decree of Bases of 1868 has also been controversial in its interpretation. It had perverse effects by favoring access to mining property, which translated into an increase in transaction costs and was an obstacle to vertical integration processes.
