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La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2018 ha fijado como límite al pago de la responsabilidad civil «ex delicto» —necesario para el acceso a la situación de libertad condicional—, el salario mínimo interprofesional. La determinación de ese límite ha provocado diferentes opiniones en las doctrina que en este comentario se recogen, para exponer a continuación una tercera perspectiva que sirva como guía de actuación en la práctica penitenciaria.
