Acceso usuarios
Carlos Górriz López 
El objeto de investigación es el conflicto entre Uber y los taxistas. Empezó con demandas por competencia desleal contra la plataforma colaborativa y su filial española. Uno de los jueces que conocía de ellas formuló una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, que falló que Uber no prestaba «servicios de la sociedad de la información». Esta interpretación debería llevar a considerar que la multinacional colaborativa cometió el ilícito desleal de violación de normas, pues carecía de la autorización necesaria para realizar transportes urbanos de pasajeros en turismos. En la actualidad, el conflicto ha cambiado al variar la estrategia de Uber y desarrollar su actividad al amparo de licencias de arrendamiento de vehículo con conductor. El análisis de la evolución del régimen jurídico de esta figura evidencia su progresivo endurecimiento al incrementarse las barreras de acceso y las restricciones a la actividad (i.e., captura del legislador). El Tribunal Supremo ha considerado que la mayor parte eran lícitas. No debería ser así: su justificación es inaceptable y no respetan los principios de adecuación, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
The purpose of this research is the conflict between Uber and taxi drivers. It began with unfair competition claims against the collaborative platform and its Spanish subsidiary. One of the judges who heard the case asked the European Court of Justice for a preliminary ruling. It held that Uber did not carry out «information society services». This construction should lead to consider that it committed the unlawful act of violation of norms, since it lacked the necessary authorization to carry out urban transport of passengers in cars. Nowadays, the conflict has mutated as Uber changed the strategy and it is now developing its activity under the cover of vehicle rental with driver license. The analysis of the evolution of the legal regime of this institution evidences its progressive hardening: access barriers and restrictions on activity have increased (i.e., lawmaker capture). The Spanish Supreme Court has held that most of them were lawful. Nonetheless, their ground is unacceptable and they do not respect the principles of adequacy, necessity, proportionality and non-discrimination.
