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La Comunicación de la Comisión Europea que acompañó las propuestas legislativas de la Directiva sobre la resolución alternativa de conflictos (ADR) de consumo y el Reglamento de resolución de litigios en línea (ODR) de consumo identificó tres objetivos: asegurar la cobertura de entidades ADR, incrementar el conocimiento de estas entidades ADR entre los consumidores y las empresas, y elevar los entandares de calidad de dichas entidades ADR. Este artículo analiza hasta qué punto se han alcanzado estos objetivos e identifica buenas practicas a raíz de las cuales se hacen recomendaciones para la implementación en España de un sistema ODR efectivo.
