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Jesús María Calderón González
La sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Segunda, de 16 de noviembre de 2018, recurso 672/2016, viene a resolver dos cuestiones vinculadas al Régimen de Inversión en las Islas Canarias (RIC). La primera se refiere a la verificación del cumplimiento de la obligación de mantener en funcionamiento la actividad empresarial durante 5 años, excluyendo su arrendamiento, para gozar de los beneficios fiscales. La segunda analiza la eventual prescripción de la acción de la administración.
