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Acumular un juicio civil al enjuiciamiento criminal entraña obstáculos dogmáticos, estructurales y propios de la especialización por razón de la materia, pero cuando menos ofrece un beneficio neto de economía, pues la pretensión naturalmente propia de la jurisdicción civil no esperará el archivo penal, a veces alcanzado tras larga demora. Un peligro muy significativo, sin embargo, reside en confundir roles y legitimidades que se arrastran con la siempre indeseable mezcla entre lo criminoso y lo que origina la responsabilidad civil sobre una base fáctica común, mientras que su depuración esquiva la rogación de los litigantes al ser orden público procesal.
