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María Acale Sánchez 
En este trabajo se analiza la tendencia de los últimos años del legislador español de fundamentar las reformas penales en las demandas punitivas de la sociedad; de esta forma se ha olvidado de que ese papel le corresponde a la Criminología en el marco de un sistema penal que persiga la protección de los bienes jurídicos de mayor relevancia para la sociedad. De esta forma, la opinión pública ocupa un lugar que sin embargo no es capaz de llenar: suministra al legislador líneas político criminales de regulación que no obedecen a las necesidades de tutela de los bienes jurídicos, sino a las demandas económicas de los medios de comunicación. De esta forma, se pone en riesgo la coherencia del ordenamiento jurídico. Esta crítica no es impedimento para resaltar simultáneamente la función de prevención general positiva que desempeñan los medios de comunicación cuando actúan con imparcialidad, objetividad y profesionalidad.
