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José Luis Ramírez Ortiz
En el presente artículo se exponen los principios básicos del modelo de justicia penal del Estado constitucional, basados en el establecimiento de límites al poder punitivo y de garantías procesales y materiales. Entre las garantías orgánicas, se presta especial atención a la figura del juez como sujeto institucional imparcial cuya legitimidad democrática deriva del ejercicio adecuado de su función y de su sujeción a la crítica pública. A continuación, se analizan las razones del derrumbe del modelo de crítica pública en la sociedad digital y de la liquidación del modelo penal en una sociedad atravesada por una fuerte crisis económica e institucional, ejemplificados en un caso de relevancia mediática (La Manada). Finalmente, se proponen algunas medidas institucionales para paliar la situación.
