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En 2018 se puso en marcha la Comisión española de ética judicial que ya ha adoptado sus primeros dictámenes en los que interpreta los Principios de Ética Judicial aprobados en España en 2016 como un verdadero código de conducta de los jueces. Con este mecanismo institucional se logran superar obstáculos importantes en la concepción y en el funcionamiento de los titulares del poder judicial en España, apremiados por las exigencias europeas y por los desarrollos iberoamericanos. El Código Iberoamericano de Ética Judicial, acordado por la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2006, y la labor de su Comisión en estos últimos 12 años han servido de acicate a una justicia más confiable y más eficaz para los ciudadanos en una sociedad democrática.
