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La nulidad de actuaciones es competencia de los jueces y tribunales y la declaración de la misma está vedada a los letrados de la administración de justicia. Sin embargo, la aplicación del artículo 226 de la LEC exige que la nulidad de pleno derecho se invoque mediante los recursos que la ley establece y puede ocurrir que el recurso procedente sea el de reposición, que debe ser resuelto por el mismo letrado de la administración de justicia que dictó el decreto. Por tanto, la ley obliga a solicitar la declaración de nulidad mediante un recurso que, en muchos casos, debe ser resuelto por quien no tiene atribuida la función jurisdiccional para declarar tal nulidad. El grueso de los supuestos de nulidad de pleno invocados al amparo del artículo 225. 6º de la LEC procede de la adopción por los letrados de la administración de justicia de decisiones que exceden de su ámbito de actuación e invaden competencias exclusivas de los jueces y tribunales, especialmente en materia de prueba, por lo que estos supuestos deberían haber sido previstos fácilmente por el legislador y haberse regulado debidamente. Quizás la respuesta deba ser ofrecida por el legislador con una reforma que permita acudir directamente al incidente de nulidad de actuaciones formulado ante el juez o tribunal o contemplar una previsión idéntica a la que ya establece para el proceso de ejecución.
