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La consideración de la prostitución como posible objeto de una relación laboral suscita gran controversia social, traspasando las barreras de los posicionamientos ideológicos de derechas o izquierdas, de modo que resulta un debate tan apolítico como alegal, corriendo el riesgo de ser analizada esta realidad por jueces y tribunales de una forma «ajurídica», esto es, prescindiendo de argumentaciones fundadas en derecho. Así parece haber ocurrido en la sentencia objeto de comentario.
