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María del Carmen Grau Pineda 
Hoy por hoy, nadie duda ya del impacto que las nuevas empresas de estructura compleja tienen en la relación laboral individual. Pero, también en el ámbito específico de las relaciones colectivas y, más concretamente, en el marco de la autotutela colectiva, se constatan cambios importantes como consecuencia de las transformaciones que los conflictos colectivos presentan. Y es que, conviene tener en cuenta que, de igual manera que se ha producido una particular renovación de las medidas de conflicto a las que recurren los trabajadores, las tradicionales formas de afrontamiento empresarial de las huelgas –basadas en la resistencia pasiva ante las demandas de los huelguistas– han ido perdiendo gran parte de la efectividad que demostraron en el pasado, al colocar a los empresarios ante el inminente e inevitable incumplimiento de unos compromisos que, ahora más que nunca antes, ni pueden posponer, ni atender con recursos acumulados. Se pretende, por tanto, analizar el impacto que, sobre el derecho de huelga, tienen las nuevas situaciones no vinculadas ya con la decisión del empresario de limitar el impacto de la huelga sobre su propio proceso de producción, sino sobre la de aquel al que sirve en calidad de contratista, concesionario o colaborador externo.
Today, no one doubts the impact that the new reticular business structures have on the individual labor relationship. But, also in the specific field of collective relations and, more specifically, within the framework of collective self-rule, important changes are observed as a result of the transformations that collective conflicts present. And it is important to think that, just as there has been a particular renewal of the measures of conflict to which the workers resort, the traditional forms of business confrontation of strikes –based on passive resistance to the demands of the strikers– have been losing much of the effectiveness they demonstrated in the past, by placing employers before the imminent and inevitable breach of commitments that, now more than ever before, cannot wait or attend with accumulated resources. The aim is, therefore, to evaluate the impact on the right to strike of new situations not related to the decision of the employer to limit the impact of the strike on his own production process, but on that of the serves as a contractor, concessionaire or external collaborator.
