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Ronald Jesús Sanabria Villamizar
Conocer cuál es el basamento teórico e ideológico de una reforma legal es una tarea que el jurista nunca debe olvidar; ello es lo que pretende el presente trabajo: analizar la reforma introducida por la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso –CGP–, a los medios de prueba testimonial y pericial, no solo desde el plano legalpráctico, sino sobre todo, auscultando las razones y sus consecuencias en el plano de la dogmática procesal en general y, en particular, en la dogmática del derecho probatorio. La extrapolación de figuras jurídicas deotras latitudes ajenas a la tradición normativa de una localidad determinada, sin un juicio crítico que sirva para evaluar la conveniencia de su adopción y sobre todo su coherencia con el sistema normativo y político, es uno de los errores más frecuentes cometidos por el legislador colombiano. Si bien la creación del proyecto del CGP, así como su discusión y posterior promulgación en el Congreso de la República, se debe a uno de los fenómenos de gestación legislativa más democráticos de la historia jurídico colombiana, lo cierto es que no escapa a la regla general señalada en el párrafo anterior, así lo demuestra: la adopción de métodos para la práctica de la prueba como el interrogatorio cruzado, especialmente la facultad de contrainterrogatorio a testigos y peritos; la adopción tácita de garantías como la confrontación de la prueba; el ejercicio de la impugnación de credibilidad y el perito de parte, por señalar solo algunos de los fenómenos que en este trabajo se analizan.
Being knowledgeable about the theoretical and ideological foundationsof any legal reform is a task that a jurist should never forget. With this purpose in mind, this paper examines Act 1564 of 2012, or General Process Code—CGP and the different reforms introduced to the witness and expert evidence procedures, not just from the legal and practical perspective, but, most importantly, in terms of the procedural dogmatic in general, as well as the probative lawin particular. Extrapolation of legal concepts from other latitudes, far from the local normative tradition, with no critical judgment of the potential benefits of these adoptions, as well as their coherence with the existent political and legal systems, can be described as one of the most frequent mistakes made by the Colombian Legislator. In this sense, while the initial proposal of the CGP, as well as its subsequent discussion and final enactment in Congress illustrate one of the most democratic legislative processes in the Colombian legal history, these legislative processes do not escape to the general pattern illustrated above. From this angle, this paper examines, among other issues, the adoption of methods of takingevidence, including cross-interrogation, especially the right to cross-examine witnesses and experts; the tacit adoption of guarantees such as the confrontation of evidence; and the credibility challenge and the Party Expert.
