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Jorge Luis Montoya Villegas
Con la acogida por parte de la Corte Constitucional de la figura del precedente, este tribunal ha podido establecer en sus decisiones lineamientos de índole jurídico, que derivan en normas de obligatorio cumplimiento para los jueces y demás órganos y entidades administrativas existentes en el país, como ha sucedido con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional contenido en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento. Derivado de lo anterior, se realizó el análisis de 224 sentencias proferidas entre los años 2012 y 2013 por los Jueces del Circuito de Medellín, en las que se resolvieron peticiones de entrega de ayuda humanitaria propuestas por las víctimas del delito de desplazamiento forzado, con el que se pretendió determinar si los jueces de instancia al fallar tienen en cuenta el precedente emanado de las decisiones de la Corte Constitucional. Del análisis realizado genera gran preocupación que de los 224 fallos revisados, solo en un 4% de ellos se dio aplicación al precedente constitucional.
With the adoption of the concept of judicial precedent, the Constitutional Court in Colombiahas been able to establish judicial guidelines in their decisions, which derive into mandatory policies for all judges and administrative entities in the country. This is the case of the content of T-025/2004 decision and its following acts. Departing from this situation, and examining whether first instance judges applied the Constitutional Court’s precedent in their decisions, this paper examines a total of 224 decisions delivered by the Circuit Judges in Medellín between 2012 and 2013, which involved claims of humanitarian aid by victims of forced displacement. Results of the analysis show that only 4% of the decisions did take into account the constitutional standards determined by the Court.
