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Sofía Martínez, Ivan Briscoe
La situación de América Central se refleja en el éxodo de miles de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que huyen de la miseria, la violencia y la persecución estatal en sus países.
El año 2018 ha sido especialmente convulso para Centroamérica. En Nicaragua, el ya aplastado alzamiento cívico que desató una crisis política sin precedentes se saldó con varios centenares de muertos y ha llevado al país por la senda del autoritarismo y la ruina económica. Honduras, tras celebrar una de sus elecciones más polémicas y violentas a finales de 2017, continuó con su interminable crisis de partidos y la irreconciliable relación entre el presidente, Juan Orlando Hernández, y sus opositores. Flanqueado por la cúpula militar, el gobierno de Guatemala anunció un duro discurso proimpunidad que ha marcado un retroceso en reformas prometedoras de justicia y seguridad. Parece mentira que El Salvador acabase 2018 como el país más estable del norte de Centroamérica, pese a que desde 2014 se han superado los 20.000 homicidios.
La acumulación de problemas económicos, políticos y de seguridad ha contribuido al deterioro de la situación humanitaria en la región. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre 2011 y 2017 hubo 350.000 peticiones de refugio por parte de ciudadanos del norte de Centroamérica, con un aumento notable en el último año. Aunque la migración desde países como Guatemala, Honduras y El Salvador no es nueva, sí lo es el perfil del migrante. Los datos de las autoridades fronterizas de Estados Unidos reflejan desde 2012 un aumento en las detenciones en la frontera sur de familias, mujeres y menores no acompañados, la mayoría centroamericanos que llegan pidiendo asilo por amenazas de seguridad. De los 303.916 migrantes detenidos en 2017 en esta frontera, casi un 40% eran familias o menores no acompañados, una cifra sin precedentes teniendo en cuenta que en 2009 estos grupos representaban un 2% del total de las detenciones.
En octubre de 2018, esta crisis humanitaria abrió un nuevo capítulo con el surgimiento de movilizaciones masivas de migrantes, llamadas “caravanas”, desde Honduras y El Salvador, que acapararon la atención de los medios de comunicación al coincidir con las elecciones de mitad de mandato en EEUU. Estimaciones de la ONU indican que alrededor de 9.000 personas, de las que un 35% eran menores, cruzaron la frontera entre Guatemala y México en octubre.
Existen precedentes de caravanas de migrantes hondureños desde hace años. Surgieron como un movimiento popular organizado por redes sociales con la intención de crear una forma más segura de migrar. También es la más económica, dado que los precios de los “coyotes” o “polleros” que guían a los migrantes en su tránsito por México se duplicaron desde que Donald Trump tomó posesión en enero de 2017. En la actualidad, los traficantes cobran hasta 12.000 euros por persona para viajar a EEUU desde Honduras. Por estas razones, el grupo de 200 migrantes que partió la madrugada del 12 de octubre desde San Pedro Sula tuvo un poder de atracción nunca antes visto. Varios miles se les unieron mientras pasaban por pueblos arrasados por el crimen y las fuertes lluvias que habían dejado a muchos sin hogar.
El éxodo alcanzó su cénit en la frontera sur de México, donde miles de personas permanecieron hacinadas durante días en el puente fronterizo con Guatemala, generando un caos en la frontera y llevando a muchos a optar por cruzar a nado. Aunque algunos regresaron, la mayoría de migrantes siguieron la peregrinación hacia el norte. Miles continúan aguardando en los pasos de Mexicali y Tijuana para solicitar asilo en EEUU, una espera que podría llevar meses y posiblemente será infructuosa. La renuencia de Washington a dejarlos entrar, así como el afán de procesar sus peticiones mientras los migrantes estén en territorio mexicano, será probablemente un factor de negociación clave entre el gobierno de Trump y el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador …
