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María Zambonino Pulito 
Las recomendaciones de la Unión Europea en relación a la implantación de la gobernanza multinivel implican la efectiva puesta en marcha de técnicas en desarrollo de los principios de colaboración, cooperación y coordinación, no sólo entre las Administraciones Públicas, sino entre estas y la sociedad. Nuestro ordenamiento jurídico prevé instrumentos en este sentido. Sin embargo, en el ámbito concreto de la ejecución de las políticas sectoriales de competencia estatal con especial incidencia en el territorio, las fórmulas orgánicas diseñadas por la legislación especial no son demasiadas, siendo las existentes de muy diversa configuración y alcance, analizándose en el trabajo tres modelos diseñados en la legislación sectorial (puertos, aeropuertos y obras hidráulicas). Tampoco son nítidas las exigencias que deben observarse en su formulación desde la perspectiva de la salvaguarda de las competencias de las entidades territoriales implicadas (grado de participación, carácter decisorio o consultivo de los órganos de participación). Sin embargo, parece preciso, desde la perspectiva de la debida cohesión territorial —y social—, la implementación de este tipo de órganos, y en distintos niveles territoriales, que aseguren la participación tanto vertical como horizontal, y con ello, la coherencia, la eficacia y la corresponsabilidad.
The recommendations of the European Union in relation to the implementation of multilevel governance imply the effective implementation of techniques in development of the principles of collaboration, cooperation and coordination, not only between Public Administrations, but between them and society. Our legal system provides instruments in this sense. However, in the specific field of the implementation of state sectorial policies with special incidence in the territory, the organic tools designed are not enough, being the existing ones very diverse configuration and scope. The paper analyzes three models designed in sectoral legislation (ports, airports and hydraulic works). The requirements that must be observed to safeguard the competences of the territorial entities involved are not clear either. However, it seems necessary, from the perspective of the due territorial —and social— cohesion, the implementation of this type of organic tools, and at different territorial levels. It would ensure both vertical and horizontal participation, coherence, effectiveness and co-responsibility.
