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Javier Vecina Cifuentes, Tomás Vicente Ballesteros
La doctrina procesalista viene debatiendo intensamente sobre la dicotomía del principio de legalidad/principio de oportunidad, sin que hasta la fecha se haya logrado todavía el necesario consenso sobre este extremo. En España, la controversia sigue centrándose todavía en la conveniencia o no de incorporar a la Ley de Enjuiciamiento Criminal sus manifestaciones más relevantes, pese a que las sucesivas reformas de dicha norma han venido introduciendo las del principio de oportunidad. En ese sentido, se buscará determinar si un proceso penal ha de estar informado por el principio de oportunidad, y en qué medida ha de estarlo, constituye, en definitiva, una opción de política legislativa que habrá de ejercitarse teniendo en cuenta la Constitución de cada país y la función que en ella se atribuye al derecho penal y al derecho procesal penal.
Proceduralist doctrine has been debating intensively the principle of legality/discretionary prosecution principle dichotomy, without the necessary consensus about this extreme having yet been achieved to date. In Spain, the controversy still focuses on the convenience or not of incorporating now into the system the most relevant manifestations of the centennial Law of Criminal Procedure despite the successive reforms of this norm that have been introducing manifestations of the discretionary prosecution principle. Thus, this article seeks to determine if a criminal process must be informed by the discretionary prosecution principle, and to what extent it must be, constitutes, in short, an option of legislative policy that must be exercised taking into account the Constitution of each country and the role that is attributed to criminal law and criminal procedure law.
