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José Manuel Martínez Fernández
La nueva regulación de los contratos menores en la Ley 9/2017 ha generado una enorme polémica que ha puesto de manifiesto el abuso de esta modalidad de contratación directa. Las diferentes interpretaciones de las Juntas consultivas de contratación que se han pronunciado sobre la nueva regulación pueden dar lugar a considerar que finalmente nada ha cambiado en relación a la utilización de esta figura. Sin embargo, los riesgos que tiene su utilización, tanto en pérdida de eficiencia social en la gestión contractual como en posibles ilícitos penales, debe llevarnos a una limitación en la utilización de esta forma de contratar y a adoptar medidas adecuadas para minimizar los riesgos de su abuso, sin perder de vista en todo caso el objetivo de agilidad gestora que permiten los contratos menores
