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La irrupción social del fenómeno denominado Recuperación de la Memoria Histórica (RMH), que hace referencia al descubrimiento de realidades históricas negadas y olvidadas y a la dignificación de las víctimas de la guerra civil y la represión franquista en todas sus dimensiones, ha supuesto un paso de gigante para la progresiva desfranquistización de un Estado y una sociedad con evidentes déficits democráticos por esta causa (Navarro, 2002). A la incuestionable conquista que supone que se haya destapado un pasado ominoso que, para buena parte de la ciudadanía, especialmente para amplios sectores de la juventud, parecía impensable que hubiera tenido lugar en su propio país, hay que sumar el creciente cuestionamiento —por primera vez de manera abierta— de una transición política que había sido sacralizada por la mayoría de fuerzas políticas y elevada a categoría de mito fundacional de la democracia española. La RMH ha posibilitado la creación de un novedoso movimiento social con una extraordinaria capacidad de movilización de colectivos muy heterogéneos: víctimas directas del franquismo, familiares de víctimas de distintas generaciones y gentes procedentes de los más diversos ámbitos de la ciencia, la política y la creación artística. El movimiento se ha canalizado a través de la elaboración de políticas de la memoria de los vencidos y de quienes resistieron al franquismo, todos ellos olvidados y a veces despreciados por el Estado, y carentes durante muchas décadas de representación en el espacio público (Sáez, 2013b). La demanda social ha ido adquiriendo en estos años una dimensión tal que los gobiernos central y algunos autonómicos, no han tenido más remedio que tomar medidas de carácter jurídico-administrativo con relación a la documentación y archivos, al reconocimiento de derechos profesionales, de la nacionalidad para los descendientes del exilio, de reconocimientos e indemnizaciones a determinados colectivos de víctimas, etc.
