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Jorge W. Peyrano
El principio de oportunidad en el proceso penal, se sabe que es la antípoda del principio de legalidad y que, de ordinario y salvo excepciones, funciona como un moderador circunstanciado de este último que manda ciegamente perseguir e investigar todo hecho criminoso con pareja intensidad. Así es que el principio de oportunidad constituye un morigerador de tanta enjundia persecutoria en homenaje de una dosis de realismo que dice, a las claras, que el Estado carece de recursos humanos y económicos para llevar adelante, integralmente, el ideario del principio de legalidad. Sí, como se ha visto, el principio de oportunidad legitima no perseguir ni investigar todo hecho con apariencia criminosa, se sigue que gira sobre el imaginario de la selección de causas; «éstas y no otras» serán motivo del interés y de la preocupación de la acusación penal. Ahora bien: modernamente se ha delineado paulatinamente una tendencia consistente en la regulación legal de supuestos («criterios de oportunidad») en los cuales no funciona el principio de legalidad, evitándose así modelos selectivos, clasistas o discriminatorios. Tales «criterios de oportunidad» propiciados por la doctrina autoral y progresista legislación, se inspiran fuertemente en el concepto de «insignificancia»; concepto éste que también es recibido por la legislación procesal civil como, por ejemplo, en el caso del nivel económico mínimo del agravio para dejar expedita la segunda instancia, que ha sido repetidamente declarado constitucional y que se ha ido ampliando. Dicha traspolación de las ideas del jurista alemán Klaus Roxin al área procesal civil ha sido así aprovechada adecuadamente.
