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Ruddy Ismael Tovar Vargas
La Ley Minera asigna al Estado la obligación de procurar que quienes operan el negocio minero lo hagan con criterios de desarrollo sostenible, de tal manera que generando riqueza para los empresarios mineros puedan contribuir también al bienestar de las comunidades involucradas y al progreso de la economía nacional. De esta obligación específica se derivan unas funciones de fiscalización y vigilancia sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales en materia técnica, ambiental y de retribuciones económicas, por parte de los concesionarios mineros. El Código de Minas vigente excluye la minería de los Parques Naturales Nacionales y de reservas de carácter regional, no obstante, no excluye actividades mineras en ecosistemas sensibles de alto valor estratégico por los servicios ambientales prestados como son los páramos, humedales o reservas protectoras en cuencas abastecedoras de agua. Esto denota desarticulación con normas de carácter ambiental, de ordenamiento territorial o de conservación de zonas de interés cultural o histórico.
The Mining Law gives the government the obligation to ensure that those operating the mining business do with sustainable development criteria, so that generating wealth far the mining companies can also contribute to the welfare of the communities involved and the progress of national economy. In this specific obligation deriving a control and monitoring functions on the fulfilment of contract terms in the technical, environmental and economic returns, by mining concessions.
The current Mining Code excludes mining of National Parks and reserves on a regional basis, however, does not preclude mining in sensitive ecosystems of high strategic value for environmental services such as moorland, wetlands or protective reserves in basins waterworks. This shows disruption to standards of environmental, land management or conservation of areas of cultural or historical interest.
