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Magda Isabel Quintero Pérez, Fabián Enrique Cubillos Álvarez (col.), Yajaira Marileé Tarazana Ortiz (col.), Nohora lvonne Quintero Rueda (col.), Ersil Sahiree Hernández Blandón (col.)
El desplazamiento forzado es un fenómeno social que constituye una de las más graves manifestaciones de la crisis humanitaria en Colombia, en la que resultan vulnerados diversos derechos humanos. Esta situación, que ha alcanzado sus más altos niveles a partir de la década de los ochenta, se ha convertido en el medio a través del cual los grupos armados al margen de la ley, obtienen el destierro de personas, familias y pueblos indefensos. La violación de los derechos de la población desplazada, ha generado la expedición de normas nacionales e internacionales en búsqueda de su protección; sin embargo, los mecanismos de reacción del Estado han requerido de un constante impulso jurisprudencial para lograr la efectividad de dichos derechos, sin que hasta el momento se pueda afirmar que se ha obtenido la protección total de los mismos. Siendo el destierro la primera forma de violencia en contra de la población civil, resulta importante proponer una herramienta de protección al derecho a la propiedad del desplazado, como modelo de respuesta del Estado a través de su órgano jurisdiccional, frente a su deber de protección efectiva, particularmente cuando el desplazado se ve llamado a responder por obligaciones garantizadas con gravamen hipotecario.
The forced displacement is a social phenomenon that one of the most serious manifestations in the humanitarian crisis constitutes m Colombia, of wh1ch d1verse human rights are harmed. This situation that has reached its highest levels starting from the decade of the eighty, has transformed into the means through the one which the armed groups to the margin of the law, obtain the exile of people, families and defenseless towns. The violation of the displaced population's rights, it has generated the expedition of national and international norms in search of their protection; however, the mechanisms of reaction of the State have required of a constant impel jurisprudencial to achieve the effectiveness of this rights, without until the moment one can affirm that the total protection of the same ones has been obtained. Being the exile the first form of violence against the civil population, it is important to propose a protection tool, to the right to the property of the one displaced, like I model of answer of the State through their jurisdictional organ, in front of their duty of effective protection, particularly when the one displaced is call to respond for guaranteed obligations with hypothecary obligation.
