El Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos es una entidad de derecho público de la Junta de Andalucía. Entre sus funciones se establecen la gestión de los servicios complementarios, como es el servicio de comedor, de la enseñanza no universitario. El conflicto surge porque una de las trabajadoras de la concesionaria del servicio de comedor solicita que dicho Ente Público sea condenado solidariamente a abonar el salario que le adeuda la concesionaria.