Desde la primera transposición al ordenamiento jurídico español en 2009 de parte del contenido de la Directiva Bolkestein han surgido innumerables dudas acerca del modo en que los entes locales debían desarrollar sus competencias de intervención en materia urbanística sobre las actuaciones de los ciudadanos. En este trabajo estudiamos las iniciativas legislativas más destacadas a nivel estatal y autonómico gallego y proponemos un conjunto de iniciativas que los ayuntamientos deben seguir para lograr con éxito su adaptación a la nueva realidad de las comunicaciones previas.