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Madrid, España
numerosas teorías han intentado, en los últimos años, proporcionar bases adecuadas para trazar una distinción entre los deberes de justicia que mantenemos hacia nuestros conciudadanos, por un lado, y hacia los ciudadanos de otros países, por el otro. La teoría de la coacción de Michael Blake ha supuesto uno de los esfuerzos más relevantes en ese sentido. No obstante, el desarrollo reciente de las relaciones internacionales puede minar la capacidad de una teoría de la coacción como la de Blake para trazar una línea coherente entre la justicia distributiva doméstica y la global. Es cierto que, independientemente de la densidad de las relaciones económicas internacionales de hoy, la coacción que estas ejercen sobre los individuos sigue estando lejos de ser tan organizada y predecible como la del Estado. Sin embargo, en este artículo defenderé la idea de que si la interdependencia económica global afecta las vidas de los ciudadanos de manera suficientemente profunda, el hecho de que esta no esté institucionalizada de la misma forma que la del Estado no debería impedir que las mismas obligaciones de justicia que existen a nivel doméstico aparezcan también en el plano internacional.
many theories have attempted, in recent years, to provide adequate grounds for a distinction between duties of justice owed to co-citizens, on the one hand, and to foreigners, on the other. Michael Blake’s coercion theory has been one of the most prominent of such attempts. Nevertheless, modern developments in international economic relations can undermine the ability of a coercion theory like Blake’s to draw a consistent line between distributive justice at home and abroad. It is true that, regardless of how dense international economic relations are nowadays, the coercion they exercise on individuals is still far from being as organised and predictable as the state’s. Nonetheless, in this paper I will argue that if global economic interdependence impacts the lives of individuals pervasively enough, the fact that it’s not as institutionalised as the state’s shouldn’t impede that the same distributive justice duties that hold domestically also arise internationally.
