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Cornel Ban
La economía diseñada desde la Transición evitó algunas de las peores formas de austeridad, pero generó un capitalismo volátil, con escaso bienestar y poco competitivo a nivel global.
Entre 1977 y 1978, España transitó económicamente desde un Estado desarrollista autoritario a un régimen que integraba el neoliberalismo económico, si bien dulcificado con medidas que compensaban a los ciudadanos por los efectos disruptivos de los mercados. Todo ello se consiguió a través de maniobras y concesiones audaces, casi esquizofrénicas, que apostaban tanto por las bondades del libre mercado como por los límites que las sociedades pueden imponer al capitalismo. En cualquier caso, el resultado fue un tipo de capitalismo y un tipo de Estado de bienestar extremadamente vulnerables a las turbulencias financieras que, además, trasladaron los costes de los ajustes predominantemente a las clases trabajadoras y a los segmentos más precarios de la población. A largo plazo, la Transición económica se demostró plagada de problemas sistémicos que han afectado tanto al rendimiento como a la redistribución, y que deberían invitar a poner fin definitivamente a la complaciente visión que los políticos tienen de este statu quo.
La economía global es una despiadada estructura de poder en la que los países europeos ven menguar día a día su posición y privilegios. En virtud de esta estructura, el mundo está en manos de regímenes de crecimiento que son capaces de equilibrar exportaciones y demanda interna, creando a la vez rígidos nichos en el mercado global sobre los que posteriormente ejercen el control, sin desgastar sus redes de seguridad ni las instituciones que dan voz a los trabajadores asalariados. Estos regímenes de crecimiento se han convertido hoy en los denodados acreedores de la economía global, cuyos superávit les permiten marcar las reglas de la gobernanza económica transnacional y dar a sus empresas y sociedades las rentas financieras y de empleo que otorga esa posición de poder. Se trata de un juego en el que han participado no solo Alemania y los países nórdicos, sino Corea del Sur, que en 1977 se encontraba en una situación mucho peor que España.
Los adalides del liberalismo económico en España esperaban su brindis al Sol desde finales de la década de 1950, pero salvo durante el breve interludio del Plan de Estabilización de 1959, no vieron sus anhelos colmados hasta 1977. Incluso entonces, la izquierda y la movilización obrera combinaban sus dilemas propios de raigambre social-católica para revestir la ortodoxia económica de un sistema tributario progresivo y de medidas de protección del mercado laboral y a favor de las empresas y del Estado de bienestar. En efecto, las políticas de la Transición dirigidas a satisfacer los intereses de la población general suscitaron firmes demandas de que se ampliaran las medidas de protección social contra la inestabilidad de los mercados. En concreto, pese a la mochila franquista con que cargaban los gobiernos de UCD, la Transición trajo consigo un marcado giro social hacia el neoliberalismo integrado que llegó tras la Segunda Guerra Mundial. El gasto social, tomado como porcentaje del PIB, creció un 50 % entre 1975 y 1982, y en ese mismo periodo ascendió también sensiblemente la inversión en servicios de interés económico general e infraestructuras públicas. En esta categoría, el mayor crecimiento lo protagonizaron los subsidios e inversiones en bienestar social destinados a empresas que proporcionaban un elevado número de puestos de trabajo.
Para financiar parte de este crecimiento, el gobierno europeizó el sistema tributario, haciéndolo más progresivo. La nueva legislación tributaria impuso extraordinarios gravámenes a los beneficios de las empresas, los bienes de lujo y las rentas personales particularmente elevadas; se introdujo un impuesto extraordinario sobre el patrimonio neto, se abolió la confidencialidad de las operaciones bancarias y se criminalizó la evasión fiscal. Como resultado, la recaudación impositiva como porcentaje del PIB incrementó en 1978 un 7,6%, casi el doble del crecimiento registrado en 1975. Durante el franquismo ya existían convenios colectivos de facto en las fábricas, pero estos se generalizaron a nivel nacional entre finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. Los gobiernos de la UCD también restringieron la libertad de contratación y despido de los empleadores al aprobar el nuevo Estatuto del Trabajador, de carácter relativamente progresista. Hoy, estas medidas serían desestimadas y tildadas de peligroso populismo de izquierdas…
