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Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado
La Carta Social Europea firmada en Turín el año 1961, firmada por España en su versión original en 1978 y ratificada en 1980. Respecto a los sucesivos Protocolos que se han ido adoptando, España los ha firmado todos, incluyendo la Carta Social Europea Revisada, si bien ésta última y el Protocolo de 1995, por el que se establecía un procedimiento de reclamaciones colectivas, todavía no han sido ratificados, y por tanto no vinculan a España.
Al tratarse la Carta Social Europea de un tratado internacional firmado y ratificado por España, todos los derechos en ella contenidos sí vinculan a los poderes públicos estatales, por lo que, en el presente estudio, pretendemos analizar si España en la última década ha sido respetuosa con este Tratado internacional, en particular con los arts. 1, 9, 10, 15, 18 y 20, en materia de empleo, formación e igualdad de oportunidades.
El denominado Grupo 1 (arts. 1, 9, 10, 15, 18 de la Carta Social Europea y 1 del Protocolo de 1988) de este Tratado internacional contiene una serie de derechos sociales significativos para los ciudadanos y compromisos para los países firmantes.
En primer lugar, se destaca de manera significativa el derecho al trabajo, entendido no solo como libertad del ciudadano –nacional o de algún Estado firmante de la Carta– a escoger el trabajo o profesión al que se quiera dedicar, sino también el derecho a ganarse la vida con ese trabajo. A lo largo del estudio que aquí se presenta, se podrá comprobar que la libertad de las personas para trabajar no es tal en España, pues si se limitan a su vez derechos conexos para garantizar aquel, tales como la libertad de movimiento dentro y fuera del territorio nacional y de los restantes Estados firmantes de la Carta o se dificulta el reconocimiento de los títulos profesionales o académicos, se está obstaculizando el cumplimiento de un derecho reconocido en un Tratado internacional y vinculante para nuestro país. Asimismo, para que el ejercicio de la libertad y el derecho del trabajo sea una realidad y no papel mojado, es necesario que, con el trabajo, puedan, como señala la Carta Social Europea ganarse la vida; sin embargo, como se pondrá de manifiesto en el presente estudio, España se caracteriza por haber incrementado en los últimos 10 años, coincidentes con la crisis económica, el umbral de pobreza entre los trabadores. No estamos hablando de personas que se encuentran fuera del sistema laboral, ni del sistema de protección social, estamos hablando de personas que realizan un trabajo remunerado:
según las últimas estadísticas más del 10% de los trabajadores se sitúan en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza, siendo el riesgo de pobreza de los trabajadores a tiempo parcial casi un 25% y, afectando, con mayor incidencia, a los jóvenes entre 16 y 24 años, las mujeres de familias monoparentales y, por supuesto, los inmigrantes. Datos preocupantes desde el punto de vista social y ético, pero también con respecto a la falta de iniciativa e impulso de nuestro Gobierno, no ya en cumplir con los compromisos internacionales, sino en la adopción de medidas reales, efectivas y específicas para paliar las graves consecuencias ocasionadas al margen de la actuación de los ciudadanos vulnerables.
En segundo lugar, no pueden pasarnos desapercibidas las denominadas medidas «anticrisis» que se llevaron a cabo entre 2010-2013, e incluso en 2014. Con la loable finalidad de evitar las peores consecuencias de la crisis económica y reducir, entre otras, la dualidad del mercado laboral, nuestro legislador (en dos periodos legislativos diferentes) a través de la dudosa técnica del real decreto legislativo comenzó a modificar (en plan tsunami, como señalan algunos colegas) nuestra legislación laboral básica. Fueron muchas las reformas llevadas a cabo, por lo que en el presente estudio nos referiremos solamente a algunas de las más polémicas, entre ellas: el incremento del poder empresarial en materia de distribución irregular de la jornada de trabajo del trabajador; la modificación sustancial de condiciones de trabajo con menores garantías; el incremento de las bonificaciones sociales y fiscales para el autoempleo; el contrato indefinido de apoyo a emprendedores y su perverso periodo de prueba de 1 año o la reducción drástica de la indemnización por despido improcedente.
En tercer lugar, aunque de manera breve por cuestión de espacio nos hemos referido a la igualdad de oportunidades en España, centrándonos en el examen de la situación española más reciente y su aproximación o no al art. 20 de la Carta Social. Este tema es especialmente preocupante pues la desigualdad en España se ha incrementado en los últimos años. Por una parte, a nivel global, la brecha de género en la generación de los millenials con respecto a las mujeres de la generación X se ha incrementado (según, entre otros, el Informe del Foro Económico Mundial de 2016), retrocediéndose casi 10 años en términos de paridad pese a los esfuerzos que desde instancias nacionales e internacionales se han realizado; en España según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo de 2017, la tendencia global de retroceso en términos de igualdad nos afecta sobremanera, pese a los avances que supuso la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo. Por otra parte, el colectivo de personas con discapacidad sigue teniendo dificultades de acceso, fundamentalmente, al empleo, y no se ha incrementado suficientemente el número de personas que acceden a estudios superiores.
En cuarto lugar y en este panorama de revisión de las medidas adoptadas pre y post crisis económica, ponemos el microscopio en los Servicios Públicos de Empleo, reformas operadas en la forma de funcionamiento, en los servicios y su eficacia o falta de ella.
En fin, todos estos temas se abordarán atendiendo a la evolución experimentada por España, tanto legislativa como jurisprudencial y al rechazo a la aplicación directa de la Carta Social, que aparentemente existe en nuestro país, por parte de los operadores jurídicos pese a que el Comité Europeo de Derechos Sociales en sus Conclusiones vinculantes, para los países firmantes de la Carta haya declarado en continuas ocasiones la imperatividad de este Tratado.
The European Social Charter was signed in Turin in 1961 and Spain signed its original version in 1978 and ratified it in 1980. Regarding the successive Protocols that have been adopted, Spain has signed all of them, including the Revised European Social Charter, although the latter and the 1995 Protocol, which established a collective complaints procedure, have not been ratified yet, so they do not bind Spain. Due to the fact that the European Social Charter is an international treaty signed and ratified by Spain, all the rights contained therein are linked to the public powers, so, in the present study, we intend to analyse whether Spain has complied with this International Treaty in the last decade, in particular with articles 1, 9, 10, 15, 18 and 20, in terms of employment, training and equal opportunities.
The so-called «Group 1» (articles 1, 9, 10, 15, 18 of the European Social Charter and article 1 of the 1988 Protocol) of this International Treaty contains a series of significant social rights for citizens and commitments for the signatory countries.
First, and most importantly, is the right to work, not only as the freedom of citizens –national or from a signatory State of the Charter– to choose the work or profession which one wishes to devote to, but also the right to earn one’s living with that job. Throughout this study, it will be possible to verify that the freedom of people to work is not such in Spain, because if related rights are simultaneously limited to guarantee jobs, such as the freedom of movement inside and outside the national territory and the other States that are signatories of the Charter or the recognition of professional or academic qualifications is hindered, the compliance of a right recognized in an international and binding Treaty for our country is being impeded. Likewise, so that the exercise of freedom and the right to work are a reality and not worthless, it is necessary that workers can earn their living with work, as the European Social Charter points out. However, as this study will show, Spain is characterized by having increased its poverty threshold among workers in the last 10 years, at the same time as the economic crisis. We are not talking about people who are outside the labour system, or the social protection system, we are talking about people who do paid work: according to recent statistics, more than 10% of workers in our country are below the poverty threshold, being the risk of poverty of part-time workers almost 25% and, affecting, with greater incidence, young people between 16 and 24 years old, women from single-parent families and, of course, immigrants. These data are worrisome from the social and ethical point of view, but also with regard to the lack of initiative and impulse of our Government, not only in complying with international commitments, but also in the adoption of real, effective and specific measures to alleviate the serious consequences caused outside the actions of vulnerable citizens.
Secondly, we cannot forget to mention the so-called «anti-crisis» measures that were carried out between 2010-2013 and even in 2014. With the laudable purpose of avoiding the worst consequences of the economic crisis and reducing, among others, the duality of the labour market, our legislators (in two different legislative periods) began to modify our basic labour legislation through the dubious technique of the Royal Legislative Decree (in a «tsunami» way, as some colleagues point out). A lot of reforms were carried out, so in the present study we will only refer to some of the most controversial; among them:
the increase of corporate power in terms of irregular distribution of working hours for workers; the substantial modification of working conditions with fewer guarantees; the increase of social and fiscal bonuses for self-employment; the indefinite term contract to support entrepreneurs and their perverse trial period of 1 year or the drastic reduction of compensation for unfair dismissal.
Thirdly, although briefly, due to space issues, we have referred to equal opportunities in Spain, focusing on the analysis of the most recent Spanish situation and its closeness or not to article 20 of the Social Charter. This issue is particularly worrisome because inequality in Spain has increased in recent years. On the one hand, globally speaking, the gender gap in the generation of millennials with respect to women of the X generation has increased (according to, among others, the Report of the World Economic Forum of 2016), going backwards almost 10 years in terms of parity despite the efforts made by national and international authorities; in Spain, according to the last poll (Barometer) of the Centre for Sociological Research (CIS) of May 2017, the global trend of regression in terms of equality affects us greatly, despite the advances made by the Organic Law of Effective Equality between women and men, Organic Law 3 / 2007, of 22 March. On the other hand, the group of people with disabilities continues to have access difficulties, mainly to employment, and the number of people who have access to higher education has not increased sufficiently.
Fourth, in this scenario of revision of the measures taken before and after the economic crisis, we focus on the Public Employment Services, reforms carried out in the way they operate, their services and their effectiveness or lack of it.
Finally, all these issues will be addressed in response to the legislative and jurisprudential evolution experienced by Spain, and to the rejection of the direct implementation of the Social Charter, which apparently exists in our country, by legal operators despite the fact that the European Committee of Social Rights in its binding Conclusions for the signatory countries of the Charter has declared the imperative nature of this Treaty on many occasions.
