La postergación de los efectos de determinadas previsiones de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas hasta 2020 llevada a cabo por el Real Decreto-ley 11/2018, reabre la discusión doctrinal sobre si hasta esa fecha las personas jurídicas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración pueden presentar sus escritos y documentos de forma presencial.