El Ley Jurisdiccional Contencioso Administrativa no regula el tratamiento que ha de darse a los documentos confidenciales que han de ser incorporados al proceso, bien por formar parte del expediente administrativo, o bien por ser aportados por las partes. La práctica de los tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han ido perfilado unos criterios de actuación con la finalidad de preservar esa confidencialidad y a su vez cohonestarla con el derecho de defensa que asiste a las partes.