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Juliana Porsani, Rickard Lalander
La consulta con la comunidad antes de las adquisiciones de tierras a gran escala (LSLA) conforma la piedra angular sobre la cual se justifica la representación de proyectos como asociaciones o la toma de tierras. Este estudio se centra en uno de los países con más LSLA en la última década, a saber, Mozambique. Examinamos las bases legales y teóricas que apoyan las consultas comunitarias y analizamos sus correspondientes prácticas cotidianas en Mozambique. En el artículo se sostiene que, aunque la existencia de estos foros participativos se inspire en ideales normativos de deliberación popular, las prácticas predominantes en tales espacios se muestran diametralmente opuestas a fundamentos y valores deliberativos. Como se expone en el estudio, este desajuste entre la teoría institucionalizada en los marcos jurídicos y la práctica deriva, en gran medida, de la interacción de relaciones jerárquicas ancladas en las esferas étnicas formales y consuetudinarias, las disparidades de género y los medios de subsistencia. Un argumento central del artículo es que, en cualquier intento de mejorar dichas practices, se han de considerar aspectos críticos relacionados con la mejora de la igualdad social y la inclusión en espacios participativos —desafíos inmensos en lugares marcados por profundas desigualdades estructurales.
Community consultation prior to large-scale land acquisitions (LSLA) is a cornerstone that justifies the portrayal of projects as partnerships or land grabs. This study focuses on one of the countries most targeted by LSLA in the last decade, namely, Mozambique. We examine the legal and theoretical bases that support community consultations and analyse their corresponding everyday practices in Mozambique. The article argues that, although the existence of these participatory forums is inspired by normative ideals of popular deliberation, the prevailing practices in these spaces are diametrically opposed to deliberative foundations and values. As shown in this study, this mismatch between theory that is institutionalized in legal frameworks and practice derives largely from the interplay of hierarchical relations anchored in, inter alia, formal and customary ethnically based realms, gender disparities, and livelihood orientations. A core argument of the article is that any attempt to ameliorate these practices must consider critical insights regarding the centrality of enhancing social equality and inclusion in participatory spaces —challenges that are immense in places marked by deep structural inequalities.
