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Resumen El presente artículo tiene como propósito generar el debate acerca de la realidad del contenido del título. Se apuntó a aspectos generales del tema central. Seguidamente, se abordaron problemas de la Corte Constitucional en su función principal de la guarda de la Constitución, como los relativos a su jurisprudencia del estado de cosas inconstitucional. Se analizaron algunas ambivalencias en relación con el control de constitucionalidad como el principio in dubio pro legislatoris. Se hicieron críticas respecto a la sistemática política oficial de inadmitir en alto volumen las demandas de acción pública, contraviniendo precisamente su razón de ser. Se analizaron unas sentencias de tutela donde las decisiones parecieran obedecer a criterios selectivos para favorecer a sectores privilegiados y en otras se predica una mutación constitucional. Se cuestionó que los titulares de la Corte Constitucional asumieran el conocimiento de reformas constitucionales sobre aspectos que les comprometen, cuando en su lugar deben hacerlo los conjueces. También se elaboró una crítica al Consejo de Estado como guardián residual de la Carta.
Abstract This paper aims to generate a debate about the reality of content of the title. Some general aspects of the central theme were made. Then, Constitutional Court issues were addressed in its primary role of guardian of the Constitution, such as those relating to the jurisprudence of the unconstitutional state of affairs. Some ambivalence in relation to the control of constitutionality as the principle of in dubio pro legislatoris was analyzed. Criticisms were made regarding the official systematic policy of rejecting in large quantities the demands of public action, precisely contravening its raison d'être. Later, this paper added judgments relating to constitutional guardianship, where decisions seemed to be subject to selective criteria to favor privileged sectors and in others, it preaches a constitutional mutation. It was questioned that members of the Constitutional Court would assume knowledge of constitutional reforms on issues that would compromise them, when ad-hoc judges should do it in their places. Finally, there are reviews with the Council of State as residual guardian of the Charter.
